M24 cierra y despide a 42 trabajadores: críticas al silencio del MPP tras la venta

Acá va un relato más amplio —con más detalles— de lo que se sabe hasta ahora del cierre de M24, lo que generó polémica en el ámbito de los medios y la política uruguaya.

El viernes 21 de noviembre de 2025, la radio M24 informó a sus trabajadores que estaba atravesando un “proceso de cambio de propietarios”. Ese mismo día se comunicó que habría modificaciones en la programación habitual. Poco después, la emisora difundió un segundo comunicado indicando que, en efecto, se cerraba un ciclo: la radio dejaba de emitir y todos los trabajadores —en total 42 personas entre periodistas, técnicos, producción y administrativo— quedaban despedidos. 

Según la empresa, la decisión responde a la inviabilidad económica del proyecto. Dijeron que mantener la radio exigía “una altísima inversión”; que había “resultados deficitarios mes a mes” y que la cantidad de anunciantes era “reducida”. Aseguran que, pese a esos números negativos, insistieron con el proyecto “porque sabemos el lugar que ocupa M24 en el dial”. 

La notificación a los trabajadores fue abrupta: se enteraron el viernes y al lunes siguiente dieron la última emisión de sus programas al aire. Algunos de los programas emblemáticos que se despidieron fueron Justicia Infinita, conducido por Gonzalo Cammarota, y La Cuchara, conducido por Fernando Tetes. 

La situación generó fuertes críticas por parte de muchos de los comunicadores: denunciaron que la radio pertenecía efectivamente al Movimiento de Participación Popular (MPP), agrupación política históricamente vinculada a M24. Cuestionaron el silencio de los dirigentes del MPP —luego del anuncio— y reclamaron una explicación pública sobre la venta y los despidos. 

Desde el lado de los trabajadores, tras la venta y el anuncio de desvinculaciones, se pidió —vía un comunicado— un cierre administrativo “respetuoso, transparente y acorde al discurso progresista con el que la radio se presentaba”, y requerían que se respetaran los vínculos laborales construidos durante años, más allá de las formas contractuales. 

La polémica no se quedó en lo laboral —aunque ese punto es clave— sino que trascendió lo mediático y lo institucional: organismos como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestaron su alarma. Denunciaron que la operación de venta se desarrolló con “falta de información, inconsistencias y ausencia de la empresa” ante las instancias de conciliación laboral, lo que pone en cuestión la transparencia del traspaso. Además, advirtieron que una eventual transferencia del espectro radioeléctrico —la frecuencia que ocupaba M24— podría impactar en la soberanía mediática y la diversidad informativa: la radio no es un bien cualquiera, sino un servicio que afecta al derecho de acceso a la información en un país. 

Por su parte, dentro del ámbito político hubo manifestaciones de solidaridad hacia los despedidos desde varios sectores, aunque también críticas hacia ese silencio inicial de dirigentes del MPP. Algunos expresaron que se van a extrañar los programas y la voz plural que representaba M24. 

Finalmente, tras la venta, en una reunión tripartita entre representantes de la empresa, trabajadores (vía APU) y la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), se confirmó que los contratos de las 42 personas serían rescindidos: 29 empleados dependientes y 13 facturistas o contratados por empresa unipersonal. Desde APU expresaron que no hubo posibilidad de que los nuevos dueños absorbieran a los trabajadores: la venta se concretó con la radio “vacía”. 

En definitiva: la clausura de M24 y la desvinculación de sus trabajadores —en el marco de un cambio de propietarios— desató una crisis con múltiples aristas: laboral, mediática, política y social. Los despedidos denuncian arbitrariedad, se cuestiona la transparencia del proceso, y se abre un debate sobre la concentración de medios, el papel de la radio en el sistema de medios uruguayo y los riesgos para la diversidad informativa.