Brasil lanza operativo contra el Primeiro Comando da Capital, vinculado a Marset

Tras la reciente y violenta operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos y más de 100 detenidos, las autoridades brasileñas pusieron en marcha un nuevo operativo enfocado en el Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los grupos criminales más poderosos del país. La acción incluyó allanamientos en São Paulo, órdenes de detención, incautación de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias de personas vinculadas a la organización, resultando en cuatro detenidos y un fallecido.



Este operativo marca un aumento significativo en la presión del gobierno brasileño contra las redes del crimen organizado, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Las autoridades buscan desarticular estructuras que operan tanto dentro como fuera del país, incluyendo vínculos internacionales que podrían fortalecer el control territorial del PCC.

Entre los casos más llamativos, se ha difundido un video de Sebastián Marset, conocido narcotraficante uruguayo, armado y con chaleco antibalas, presuntamente vinculado al PCC. Expertos en seguridad sostienen que este vínculo podría significar un intento del grupo criminal brasileño de expandir sus operaciones hacia el Cono Sur, consolidando redes de tráfico de drogas y armas en la región.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya había sancionado recientemente una ley que fortalece la lucha contra el crimen organizado, definiendo nuevos delitos y aumentando la protección a policías y fiscales, un marco legal que permitió la rapidez de estos operativos.

La combinación de acciones en Río de Janeiro y São Paulo evidencia un patrón de intensificación de las fuerzas de seguridad brasileñas, mientras las autoridades buscan reducir la influencia de las grandes organizaciones criminales y sus conexiones internacionales.

Impacto regional: Especialistas en seguridad alertan que la vinculación de Marset con el PCC podría generar un aumento de la actividad criminal transnacional, afectando no solo a Brasil, sino también a Uruguay y otros países vecinos, en un contexto donde la coordinación entre fuerzas de seguridad es clave para combatir estos grupos.

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