Viera pide seis meses de subsidio tras solo 50 días en el INC y genera rechazo político

Eduardo Viera, quien ocupó brevemente el cargo de presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), renunció a su puesto debido a que su condición de colono generaba una incompatibilidad legal para desempeñar esa función. Viera estuvo en el cargo solo 50 días, pero ahora ha presentado un pedido para recibir un subsidio que le permita cobrar durante seis meses un monto equivalente al 85 % de su salario como ex jerarca.

Este pedido generó fuertes críticas de parte del senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, quien consideró “patético” que una persona que trabajó tan poco tiempo en el organismo solicite un beneficio por un plazo tan prolongado. Da Silva expresó que Viera “cambia la teta del Estado por la de la vaca”, haciendo una metáfora para señalar que deja la función pública pero busca mantenerse con apoyo económico estatal a través de este subsidio.

El subsidio solicitado está amparado en la ley número 15.900, que permite a quienes dejan cargos públicos recibir un pago proporcional al tiempo trabajado, con un tope máximo de un año. Según esta normativa, ex funcionarios pueden acceder a este beneficio como una forma de sostenerse durante un tiempo tras dejar el cargo. En este caso, Viera aspira a cobrar seis meses completos bajo esta modalidad.

Desde su renuncia, Viera afirmó que su principal objetivo era proteger los intereses de los productores rurales y que decidió dejar el puesto para evitar conflictos derivados de su condición de colono, que lo impedía formalmente seguir en el cargo. Sin embargo, la solicitud del subsidio no fue bien recibida en algunos sectores políticos, que consideran que se trata de un uso indebido de recursos públicos.

Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de polémica alrededor del Instituto Nacional de Colonización, que en los últimos meses realizó la compra de una estancia llamada “María Dolores” por un valor cercano a los 32,5 millones de dólares. Esta operación ha sido cuestionada por algunos sectores, que la consideran una compra costosa y cuestionan su conveniencia para el Estado.