Informe español afirma que el acta presentada por Cardama es una falsificación

El pasado 27 de octubre, un notario español, Luis Calabuig de Leyva, indicó que la firma que aparece en un “acta de manifestación” presentada por el astillero gallego Astillero Francisco Cardama podría ser falsa. Esa acta acompañaba una garantía de fiel cumplimiento emitida por la supuesta entidad británica Eurocommerce Bank, la cual resultó ser una empresa ficticia. 

Tras esa declaración, Calabuig presentó una denuncia policial en España. Posteriormente, el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas del notario madrileño Ignacio Martínez‑Gil que analiza el acta y llega a conclusiones contundentes: considera que las copias del acta presentadas por Cardama ante el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay son “absolutamente falsas” y que no fueron expedidas por ningún notario. 

El documento también señala que la falsificación es “clara” y fue realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la normativa notarial española, tanto por los errores formales detectados como por el tipo de documento utilizado. 

El informe profundiza en cuatro aspectos de la garantía que se presentó:

1. Validez formal de las actas.

2. Aspectos sustantivos de la garantía.

3. Eficacia del testimonio notarial del aval.

4. Derecho del Ministerio de Defensa a pedir copias al notario que supuestamente autorizó el documento. 

En su análisis, Martínez-Gil describe que el acta presenta irregularidades evidentes: por ejemplo, se extrajo o separó el último folio de una copia auténtica para adjuntarlo a un documento falso impreso en papel normal, hecho “ad hoc”. También señala que el acta lleva fecha del 25 de noviembre de 2024, pero las copias entregadas estaban fechadas el 26 de noviembre, y además asevera que se habían emitido dos copias el 14 y el 18 de noviembre, lo cual es imposible según la normativa: “No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe”. 

El Ministerio de Defensa y la Presidencia de Uruguay están analizando las conclusiones del informe, y se prevé que esa información será incorporada en la denuncia que ya está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, cuyo fiscal es Alejandro Machado. 

En sumario: se trata de una operación en la que el astillero Cardama presentó documentación de garantía que, según peritaje español, está gravemente falsificada, lo que pone en entredicho la legalidad del contrato aprobado por Uruguay para la adquisición de las patrulleras oceánicas, valoradas en unos 82 millones de euros.