Estados Unidos fija fecha clave para disputa judicial por acciones de YPF

El conflicto judicial que enfrenta Argentina en la justicia de Estados Unidos por las acciones de YPF está próximo a vivir un momento decisivo. La corte estadounidense estableció que la semana del 3 de marzo de 2026 será la fecha en la que el Estado argentino deberá presentar sus argumentos en la apelación sobre el reclamo que buscan quedarse con las acciones que el país tiene en la petrolera. Esta audiencia es un paso fundamental en un proceso que ya lleva más de una década y que podría determinar el futuro de la participación estatal en la empresa energética.

El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol. Esta medida fue muy polémica y derivó en una larga disputa legal internacional. Posteriormente, varios fondos de inversión adquirieron derechos sobre esas acciones expropiadas y presentaron demandas contra Argentina, alegando que la expropiación no se ajustó a las normativas y que se vulneraron derechos de los accionistas. Según estos fondos, Argentina no respetó el estatuto social de YPF ni garantizó igualdad de condiciones para todos los accionistas, lo que generó un incumplimiento contractual.

El reclamo principal consiste en que Argentina debería entregar su participación accionaria en YPF como parte de la compensación por la condena millonaria que le fue impuesta en tribunales internacionales. Esta deuda judicial supera los 16 mil millones de dólares, una cifra que representa un desafío importante para las finanzas públicas del país. En este contexto, la apelación que debe presentar Argentina en marzo de 2026 será determinante para intentar revertir o, al menos, mitigar el fallo adverso que podría implicar la pérdida de control o parte de las acciones en la petrolera estatal.

Además, el juicio tiene implicancias más allá del ámbito judicial, ya que la petrolera YPF es un actor estratégico para la economía argentina y para la política energética del país. Perder la participación accionaria o verse obligado a pagar una indemnización millonaria impactaría en la capacidad del Estado para gestionar sus recursos y planificar proyectos en el sector hidrocarburífero.

Los analistas y expertos legales coinciden en que la audiencia fijada en Estados Unidos será un momento clave para que Argentina exponga sus argumentos legales y evidencias que puedan justificar la expropiación y la forma en que se realizó. El resultado de esta instancia podría modificar el curso del litigio y sentar precedentes sobre cómo se resuelven casos similares en el ámbito internacional.

En conclusión, la fecha del 3 de marzo de 2026 marca un hito en esta larga disputa que comenzó con la expropiación de YPF en 2012 y que hoy pone a prueba la estrategia judicial y financiera del Estado argentino frente a sus acreedores internacionales.