El MSP revisa documentos por posible autorización irregular en ASSE y Círculo Católico

El Ministerio de Salud Pública abrió una investigación interna para aclarar las condiciones en que fue autorizado, en 2022, un convenio entre ASSE y el Círculo Católico que contó con la firma del entonces subsecretario José Luis Satdjian. Las autoridades actuales entienden que la resolución pudo haberse emitido sin la fundamentación suficiente o con procedimientos distintos a los habituales, lo que generó dudas sobre la validez del trámite.


El análisis comenzó al comparar ese expediente con otro convenio similar aprobado meses antes entre ASSE y la mutualista Casmu. En el caso de Casmu, la resolución fue firmada por el ministro de la época, Daniel Salinas, y el expediente incluía una serie de documentos complementarios, informes técnicos y controles formales que respaldaban la decisión. Según el MSP, ese proceso tenía más pasos administrativos y una tramitación más extensa.

En contraste, el convenio con el Círculo Católico no sólo fue autorizado por Satdjian en lugar del ministro, sino que se resolvió en un período sensiblemente más corto, inferior a un mes. El ministerio considera que esta diferencia en los tiempos puede ser un indicio de que el expediente recibió un tratamiento excepcional. Además, la documentación presentada sería más limitada en comparación con la del caso Casmu, lo que refuerza la suspicacia sobre la solidez del procedimiento.

Otro punto señalado es que la iniciativa para concretar el convenio habría partido del propio Círculo Católico y no de ASSE, lo cual resulta inusual para este tipo de acuerdos. En situaciones similares, el impulso suele provenir del prestador estatal, y no de la mutualista interesada.

A raíz de estas irregularidades, el MSP busca determinar si la firma de Satdjian, en su rol de subsecretario, estaba correctamente habilitada para ese tipo de autorización y si el proceso cumplió con las exigencias administrativas. La investigación continúa reuniendo información para definir si hubo un uso indebido de las facultades o si la resolución careció de la fundamentación necesaria.

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